La discusión sobre el salario mínimo en Colombia casi siempre arranca desde un punto emocionalmente potente: nadie debería trabajar y seguir siendo pobre. El problema es que, cuando el debate se queda ahí, termina confundiendo un objetivo legítimo con un instrumento imperfecto. Subir el salario mínimo puede ser una decisión socialmente deseable, pero no es una varita mágica; es una intervención directa sobre el precio del trabajo formal. Y cuando se analiza como si ese precio solo afectara al trabajador —y no al empleador que debe pagarlo—, se abre la puerta a un diagnóstico cómodo, pero incompleto.

Mi impresión es que en Colombia hemos normalizado un error metodológico: evaluar el incremento del mínimo por el efecto visible (más ingreso para quien conserva el empleo) y minimizar el efecto menos visible (ajustes empresariales y frenos a la contratación). Ese sesgo se agrava cuando se habla del mercado laboral como si estuviera compuesto, sobre todo, por grandes compañías con músculo financiero. Pero el país real no funciona así. El tejido empresarial colombiano es mayoritariamente pequeño y mediano, con márgenes estrechos, volatilidad de ventas, acceso limitado a crédito y poca capacidad para subir precios sin perder demanda. Ignorar ese mundo no es una omisión menor: es dejar por fuera el principal canal de transmisión de la política.

El salario mínimo, además, no es solo el salario. En Colombia arrastra una estructura de costo laboral integral: aportes, prestaciones, parafiscales y un conjunto de obligaciones que convierten un aumento nominal en un aumento más grande del costo efectivo por trabajador. Esa diferencia entre “lo que recibe el empleado” y “lo que paga el empleador” es el corazón del asunto. Cuando el mínimo sube por encima del crecimiento de la productividad en segmentos de baja escala, el mensaje implícito es claro: contratar formalmente se vuelve más caro justo donde es más difícil pagarlo.

¿Y qué pasa entonces? No necesariamente se produce una ola inmediata de despidos, como a veces se caricaturiza. Lo más común es que el ajuste ocurra por la puerta de atrás: se frena la contratación nueva, se aplazan reemplazos, se reduce jornada, se incrementa rotación, se tercerizan funciones o se migra a esquemas contractuales más flexibles. En un país con alta informalidad, el riesgo mayor no es solo perder empleos formales existentes, sino impedir que nuevos empleos nazcan en la formalidad. El salario mínimo, en ese contexto, puede convertirse en una barrera de entrada.

Otro efecto que se subestima es el de precios. En sectores intensivos en mano de obra —servicios, comercio, restaurantes, logística liviana— una parte del incremento se traslada al consumidor. Eso alimenta inflación de servicios y erosiona el poder adquisitivo general. El resultado puede ser paradójico: el trabajador que recibe el aumento gana nominalmente más, pero compra casi lo mismo, mientras la empresa enfrenta costos superiores en un mercado que no necesariamente crece al mismo ritmo. Y si el consumo se resiente, el golpe vuelve a caer, otra vez, sobre el empleo.

También está el fenómeno de la compresión salarial. Cuando el mínimo sube, no se ajusta únicamente el mínimo: por equidad interna, por retención o por simple presión organizacional, se empujan rangos cercanos. Con eso, la estructura salarial se aplana. Muchos cargos que estaban apenas por encima del mínimo pierden distancia, se deterioran incentivos y aumentan tensiones internas. La empresa termina pagando más, sin necesariamente mejorar productividad, y el trabajador no siempre percibe una mejora proporcional frente a su esfuerzo o su seniority. Es un costo que no aparece en los titulares, pero sí en la operación.

Ahora bien, afirmar que subir el salario mínimo “siempre” destruye empleo también es una simplificación. La evidencia comparada muestra resultados mixtos según el contexto: nivel de informalidad, elasticidad de demanda, fortaleza institucional para hacer cumplir reglas, dinámica sectorial y, otra vez, productividad. Pero precisamente por eso, lo que preocupa no es el aumento en abstracto, sino la forma en que se decide. Cuando el incremento se convierte en una herramienta para compensar fallas estructurales —baja productividad, costos no salariales altos, informalidad persistente— el mínimo termina cargando con un peso que no le corresponde.

Por eso mi posición es incómoda para ambos extremos. A quienes sostienen que el mínimo debe subir fuerte porque “las empresas se las arreglan”, les diría que esa idea suele provenir de mirar empresas que no representan a la mayoría. Y a quienes rechazan cualquier incremento, les diría que el salario mínimo también cumple una función de protección, y que una economía que normaliza salarios de subsistencia está incubando inestabilidad social y baja movilidad. El punto no es escoger entre justicia social y viabilidad empresarial como si fueran excluyentes. El punto es entender que el salario mínimo es un instrumento grueso para un problema fino.

Si de verdad queremos que el aumento del mínimo se traduzca en bienestar sostenido, la discusión debería moverse a donde incomoda: productividad y costo laboral integral. Sin mejoras de productividad, los aumentos se convierten en inflación, informalidad o estancamiento de contratación. Y sin revisar la estructura de costos no salariales, el mínimo sigue siendo un piso caro para un mercado laboral donde gran parte del país produce poco por hora, no por falta de voluntad, sino por condiciones estructurales: tecnología, capital, formación, logística, acceso a mercados.

Subir el salario mínimo sin mirar el impacto en pequeñas y medianas empresas es como decretar una mejora contable sin revisar el flujo de caja: en el papel se ve bien, pero la realidad se cobra la diferencia. Y el riesgo es terminar celebrando un incremento que, lentamente, empuja empleo hacia informalidad, reduce inversión y vuelve más frágil el tejido empresarial que sostiene el trabajo en Colombia. En política laboral, el problema no es querer más bienestar; el problema es ignorar quién paga la cuenta y qué decisiones toma cuando ya no le dan los números.